El Departamento de Asuntos Internos de Sudáfrica operaba solo 349 oficinas en todo el país, y únicamente 190 estaban equipadas para tramitar Smart IDs. Para un país de más de 60 millones de ciudadanos, esto generaba serias barreras de acceso en comunidades rurales y desatendidas.

Al mismo tiempo, se estimaba que 16 millones de sudafricanos seguían dependiendo de la antigua libreta de identificación verde con código de barras, uno de los documentos de identidad más propensos al fraude del continente. Las largas colas y los procesos manuales empeoraban la situación, dejando a muchos ciudadanos sin acceso a los servicios que necesitaban.

Las largas colas, los procesos manuales y la necesidad de desplazarse a una oficina de Asuntos Internos suponían una barrera prohibitiva para muchos ciudadanos, en particular para quienes tenían bajos ingresos, las personas mayores y quienes tenían limitaciones de movilidad y no podían asumir el tiempo ni los costes de transporte.

Brecha de infraestructura
Solo 190 de las 349 oficinas de Asuntos Internos estaban equipadas para emitir Smart IDs, frente a Capitec, que por sí sola tenía más de 860 sucursales en todo el país.

Fraude de identidad
La libreta de identificación verde fue ampliamente explotada para fraude, suplantación de identidad y delitos financieros, lo que generó una inseguridad sistémica.

Fallo de verificación
El Servicio de Verificación en Línea (OVS) estaba en crisis cuando el ministro Schreiber asumió el cargo. Más de la mitad de los intentos de verificación fallaban, con tiempos de respuesta que llegaban hasta 24 horas.

Riesgo de exclusión
Los ciudadanos sin un Smart ID válido quedaban excluidos de la banca, la atención sanitaria, el empleo y los servicios sociales, lo que agravaba la desigualdad.